El escenario político nacional se ha transformado en un complejo tablero de ajedrez tras el reciente informe de gestión brindado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La reactivación del debate sobre la Ficha Limpia y la reforma electoral integral enviada por el Ejecutivo ha vuelto a tensar las cuerdas entre la Casa Rosada y los distintos bloques aliados en el Parlamento. Lo que el oficialismo proyectaba como un avance fluido hacia la modernización del sistema se enfrenta hoy a una aritmética legislativa que obliga a recalibrar cada movimiento.

En el centro de la escena, la diputada Gisela Scaglia, del bloque Provincias Unidas, marcó la cancha al anunciar que impulsará un emplazamiento para tratar el proyecto de Ficha Limpia en la próxima sesión. Su mensaje fue directo hacia el Gobierno: “Las palabras sin votos no son políticas. Son relación”. Esta presión obliga al oficialismo a acelerar los acuerdos si no quiere que una de sus banderas principales quede estancada por falta de consensos operativos en la Cámara Baja.

Para que la estrategia de Scaglia prospere, resulta imperativo tender puentes con sectores de la oposición, especialmente con Unión por la Patria. Sin embargo, la bancada liderada por Germán Martínez ya adelantó su rechazo, calificando la iniciativa de inconstitucional. Esta negativa anticipa una batalla reglamentaria y política de largo aliento, especialmente considerando que las reformas electorales exigen mayorías absolutas de 129 diputados y 37 senadores.

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El proyecto de Ficha Limpia en danza es ambicioso: establece prohibiciones de candidatura para condenados por fraude a la administración pública, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y delitos contra la integridad sexual, entre otros. Además, incluye una cláusula que excluye a deudores alimentarios morosos. Desde La Libertad Avanza, la diputada Mercedes Llano defendió la medida como el retorno del “gobierno de los virtuosos”, buscando reinstaurar una cultura política que diferencia con nitidez lo lícito de lo ilícito.

No obstante, el oficialismo no solo enfrenta críticas de la oposición dura, sino también de sus aliados. Oscar Zago, del MID, fue tajante al calificar la reforma integral como una “ensalada imposible de debate”. Esta fragmentación interna entre los socios habituales del Gobierno sugiere que el paquete de leyes, tal como fue enviado originalmente por el presidente Javier Milei, difícilmente logre atravesar las comisiones sin sufrir modificaciones estructurales profundas.

Alternativas en estudio

En el Senado, la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene la tarea de coordinar el debate de un paquete que, además de la Ficha Limpia, incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento partidario y la implementación de la Boleta Única de Papel. La oposición “dialoguista” ya ha puesto límites claros: no acompañarán el esquema completo. La UCR, por ejemplo, prefiere mantener las primarias pero otorgarles un carácter optativo para reducir costos sin perder la herramienta de selección.

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Ante este panorama adverso en la Cámara Alta, donde las vertientes peronistas y gran parte de la UCR bloquean cualquier intento de cancelar las primarias, la Casa Rosada ha comenzado a barajar alternativas.

Una de las opciones más firmes que se analizan en las oficinas de Balcarce 50 es la implementación de un sistema de inscripción voluntaria. Bajo este esquema, solo participarían los ciudadanos que desearan definir candidaturas en espacios que efectivamente tengan internas. Esta propuesta busca seducir al PRO y a los gobernadores del norte, ya que permitiría reducir los costos en más de un 30% sin desarticular la estructura de las coaliciones.

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En este esquema, el Ejecutivo insiste en que las PASO fueron un “experimento fallido” que en 2023 costó $45.000 millones a los argentinos sin dirimir internas relevantes. Sin embargo, Cristián Ritondo, principal alfil del PRO en el Congreso, señaló que el Gobierno cometió un “error” al no buscar consensos previos antes de enviar el proyecto. Esta falta de “muñeca política” inicial es lo que ahora el oficialismo intenta subsanar mediante negociaciones con los sectores que alguna vez formaron parte del Consejo de Mayo.